El veto de Milei golpea a 216.235 jubilados tucumanos con una pérdida de $16.601 millones mensuales

El reciente veto del presidente Javier Milei a las leyes que contemplaban un aumento del 7,2% en las jubilaciones y la actualización del bono previsional a $110.000, que logró el blindaje de la Cámara de Diputados, tendrá un impacto significativo en Tucumán, donde 216.235 jubilados sufrirán una pérdida agregada de $16.601 millones por mes, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). A nivel nacional, el veto implica una merma de $468 mil millones mensuales para los 6.104.055 jubilados del país, alcanzando una pérdida acumulada de $5,6 billones en los próximos 12 meses.

“Considerando las proyecciones de inflación del REM-BCRA para los próximos 12 meses (sep/25 a ago/26) y la cantidad de beneficiarios titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino, se estima que el veto de Milei implica una pérdida agregada de $468 mil millones mensuales para los jubilados del país”, detalla el informe del CEPA. Esta cifra surge de la no actualización del bono previsional, que permanecerá en $70.000 en lugar de ajustarse a $110.000 con posteriores incrementos por inflación, y de la no recomposición del 7,2% correspondiente al saldo pendiente de la inflación de enero de 2024.

En un contexto de alta inflación, los haberes jubilatorios mantendrán para agosto de 2025 un ajuste del 1,6% basado en el índice del INDEC, resultando en los siguientes montos: la jubilación mínima será de $314.243,51 (con bono de $70.000, totalizando $384.243,51); la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará $251.394,80 (con bono, $321.394,80); y las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez llegarán a $219.970,45 (con bono, $289.970,45). Sin embargo, la falta de actualización del bono y del 7,2% adicional agrava la pérdida de poder adquisitivo, impactando directamente en el consumo y la actividad económica.“Esta pérdida no solo impacta directamente sobre los ingresos de un sector vulnerable, sino que también se traduce en una menor actividad económica”, advierte el CEPA. En Tucumán, donde el comercio y la producción ya enfrentan una contracción económica, esta medida podría profundizar la crisis, afectando a pequeños comercios y sectores productivos dependientes del consumo de los jubilados.

El veto también incluye la no prórroga de la moratoria previsional, una herramienta clave que permitía a mujeres (casi la mitad de los beneficiarios) y varones (un tercio) sin los 30 años de aportes requeridos acceder a una jubilación. Sin esta opción, muchos dependerán de la PUAM, que ofrece un haber equivalente al 80% de la jubilación mínima, profundizando la vulnerabilidad de este grupo.

El gobierno de Milei justificó el veto argumentando que las leyes representan un riesgo para el superávit fiscal, pilar de su política económica. Según el Ejecutivo, el costo de las iniciativas vetadas (aumento jubilatorio, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, esta última logró ser revertida por el parlamento nacional) alcanzaría $7 billones en 2025 (0,90% del PBI) y $17 billones en 2026 (1,68% del PBI). Específicamente, el aumento del 7,2% en jubilaciones y la actualización del bono a $110.000 representarían un 0,20% del PBI en 2025 y un 0,42% en 2026, según estimaciones oficiales. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que llevar el bono a $110.000, con ajuste por inflación, implicaría un costo de 0,26% del PBI.

Entre la demagogia y el ajuste

El gobierno también señaló irregularidades legislativas, como la falta de citación previa a senadores y la aprobación con mayoría simple en lugar de dos tercios, además de la ausencia de fuentes de financiamiento genuinas. Las propuestas de la oposición, como eliminar exenciones impositivas o redirigir recursos del FMI, cubrirían menos del 4% del gasto total, según el Ejecutivo. En defensa del veto, Milei, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, argumentó en cadena nacional que las leyes eran “demagogia populista” y un “intento de golpe institucional”, proponiendo medidas como prohibir el financiamiento del gasto primario con emisión monetaria.

Por su parte, la oposición, liderada por Unión por la Patria, denunció el veto como un ajuste sobre los sectores más vulnerables. “Este recorte agrava la crisis social en un contexto de inflación y estancamiento económico, dejando a los jubilados y personas con discapacidad en una situación de extrema precariedad”, afirmaron desde el bloque kirchnerista.